Tres son los puntos básicos en los que parece haber consenso para impulsar la modernización de Pemex conjurando el fantasma de la privatización: mantener la rectoría del Estado sobre el recurso, no modificar el 27 constitucional y no comprometer la renta petrolera. Al permitir la participación de la iniciativa privada en la operación de Pemex se contempla remunerar a los inversionistas con porcentajes en efectivo en función de las complejidades y riesgos en la explotación, es decir, no se entregará crudo a ninguna empresa participante. Si estos tres puntos quedan perfectamente definidos nadie podrá ya blandir la bandera de la privatización.
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