La ultraderecha clerical en un Estado laico.

Texto publicado por el Periódico Reforma.



Parto o cárcel
Por Jesús Silva-Herzog Márquez

Con velocidad inaudita, prácticamente en silencio se han reformado un buen número de constituciones de los estados. Una curiosa sintonía ha puesto de acuerdo a las más diversas legislaturas. El matrimonio del PRI y del PAN ha acelerado los cambios. No se trata de reformas constitucionales para que los estados hagan frente a la crisis económica; no son transformaciones institucionales para rendir cuentas a la ciudadanía; no son cambios para agilizar los procesos penales, para transparentar el uso de recursos públicos o para profesionalizar los órganos representativos. Son cambios que dan forma de ley al dogma religioso. PAN y PRI aliados en la demolición del Estado laico. 17 constituciones locales han seguido el dictado de la Iglesia católica para incorporar a su texto la consigna eclesiástica de que la vida humana empieza desde el instante mismo de la concepción y considerar al cigoto -antes inclusive de su implantación en el endometrio- como un ser humano con plenos derechos.

Las apresuradas reformas tratan evidentemente de cerrarle el paso a la despenalización del aborto como se hizo en el Distrito Federal. Se trata de impedir que una simple mayoría pudiera eliminar el castigo a quien termina voluntariamente un embarazo. Resguardar la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte tiene también por efecto cancelar la posibilidad de legislar en materia de eutanasia, asunto igualmente herético para los clérigos. Sacralizar la vida desde la fecundación hasta la muerte natural para arrancarle a los hombres el derecho de disponer de su cuerpo. No cuestiono que una agrupación religiosa considere que la vida no nos pertenece. Los hombres de fe pueden creer que nuestra vida es un préstamo de Dios y que no somos nadie para abreviar nuestro paso por el mundo. Pero un Estado laico no puede asumir esa interpretación del mundo para imponer a las mujeres el deber de aceptar los hijos que les caigan o para impedir que se auxilie a los sufrientes a bien morir.

El efecto de estas reformas en materia de aborto es gravísimo. No se trata solamente de impedir la despenalización sino de contrarreformas de consecuencias insospechadas. En los estados que han aprobado estos cambios, una mujer violada que resulte embarazada por la violenta invasión de su cuerpo no tendrá la opción de elegir si continúa o termina con el embarazo. Una mujer tampoco podrá decidir si sigue adelante con un embarazo que ponga en peligro su propia vida. El piadoso Estado le impone la obligación de parir. La irreflexión con la que se legisló es tal que México puede haberse convertido en el país donde existe la pena más cruenta contra quienes practican el aborto. Diego Valadés ha detectado el absurdo jurídico que se desprende de la conversión automática de una prédica religiosa en regla de derecho. Identificar la unión de dos células con la vida humana plena y equiparar el régimen de sus derechos es un absurdo monumental. Una mujer que por descuido ingiriera alimentos que provoquen la muerte del embrión deberá ser considerada homicida imprudencial. Si se provocara voluntariamente el aborto estaría cometiendo un homicidio con todos los agravantes imaginables y podría pasar 50 años en la cárcel. Pensemos, como sugiere Valadés, en los médicos que participan en procesos de fecundación in vitro. En el caso de que el manejo del material fecundado condujera a la muerte del cigoto, estaríamos igualmente en presencia de un asesinato, posiblemente de un asesinato múltiple. Se trata, pues, de monstruosas reformas apresuradas e irreflexivas que tienen como propósito congraciar a la clase política con la jerarquía católica.

Es entendible que las entidades de la República regulen de manera distinta el aborto. Ésa es una de las bondades del régimen federal: legislaciones a tono con el clima de la opinión local. No sería por eso extraño que en un país tan diverso existieran regulaciones distintas en esta materia tan polémica y tan compleja. Ése es precisamente el espacio que la Suprema Corte de Justicia abrió en esta materia: sean los estados quienes normen asunto tan delicado. Pero lo que hemos visto en semanas recientes no es el despliegue de la legítima autonomía local sino la imposición del dogma religioso sobre una clase política conservadora y oportunista. El conservadurismo religioso del PAN no es ninguna sorpresa. Lo es tal vez su incapacidad de vestir su fe con trajes seculares para redactar normas que no sean sólo compatibles con sus creencias sino propias de un Estado secular que no impone a todos el prejuicio de unos. Lo que resulta más aberrante es el oportunismo del PRI que difícilmente puede seguirse presentando como defensor del Estado laico después de esta abdicación. Con esta cascada de reformas, el PRI se ha convertido en la bisagra de la ultraderecha mexicana.