En Guanajuato al menos ciento sesenta mujeres enfrentan proceso penal por aborto espontáneo. Cuatro han sido condenadas hasta a veintinueve años de prisión, provienen de comunidades marginadas y sufrieron violencia sexual una vez presas. Los médicos del sistema de salud las denuncian y son acusadas de "homicidio en razón de parentesco" para aplicarles penas altas. Quienes tienen recursos económicos e interrumpen un embarazo no deseado en clínicas particulares no tienen problema. Ahora, quien no tenga dinero evitará acudir a un hospital del Estado para evitar ser denunciada y de seguro morirá al ponerse en manos clandestinas e insalubres. Así defiende Guanajuato la vida de sus mujeres.
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