Columna invitada publicada por "Reforma".
Por Jorge Alcocer V.
Hace unas semanas la Cámara de Diputados conoció una propuesta de punto de acuerdo para solicitar al presidente Felipe Calderón posponer la cumbre de jefes de Estado de los países de la OCDE, programada para el mes de junio en Los Cabos; el motivo de la petición era muy preciso: evitar que ese evento interfiriera con el proceso electoral. Los legisladores del PAN admitieron la propuesta.
El domingo pasado el nuncio apostólico en México confirmó la visita del papa Benedicto XVI en la primavera de 2012, confirmando lo que habían anticipado, el 10 de noviembre pasado, el vocero del Vaticano, Federico Lombardi, y el alcalde panista de León, Guanajuato, Ricardo Sheffield Padilla, que afirmó que las fechas propuestas son del 23 al 25 de marzo de 2012.
Si la posposición de la cumbre de la OCDE en México fue considera prudente, con mayor razón debería hacerse lo mismo con la visita del Papa. Baste considerar que para las fechas anunciadas por el edil de León, estaremos a cuatro días del arranque de las campañas electorales federales y que todos los candidatos a presidente de la República, diputados y senadores habrán sido registrados ante el IFE.
Aun si el Pontífice fuese prudente en sus homilías y declaraciones -que no lo será- absteniéndose de fijar posiciones en temas que solo a los órganos del Estado mexicano y a la sociedad corresponde resolver, como la despenalización del aborto o el matrimonio entre personas del mismo género, por citar dos que han provocado la inadmisible intromisión de la Iglesia católica y sus jerarcas en asuntos públicos de alto impacto político, hay motivos suficientes para pedir a la Cancillería mexicana que la anunciada visita se realice después de concluido el proceso electoral de 2012, y si así se quiere, antes de que el presidente Calderón abandone para siempre la residencia oficial de Los Pinos.
Por las declaraciones del nuncio en México, y del vocero del Vaticano, no será una visita solamente pastoral, sino que se le dará rango de visita de Estado, motivo por el cual el tema no puede ni debe ser resuelto solamente con la Iglesia católica mexicana, sino que Relaciones Exteriores y Gobernación están obligadas a intervenir en la definición de la visita, incluyendo las fechas y lugares a los asistirá el jefe de Estado Vaticano.
Hay que hacer un llamado a la prudencia, pero sobre todo a respetar la letra y espíritu de nuestra Constitución en materia de la separación entre el Estado y las iglesias, del carácter laico del Estado mexicano y de la prohibición para que las iglesias y ministros del culto participen en procesos y campañas electorales, haciendo proselitismo a favor o en contra de cualquier partido o candidato.
Es previsible que, de realizarse la visita papal días antes del inicio, o ya en plena campaña electoral, veremos un tropel de candidatos, no solamente del PAN, acudiendo -con más afán proselitista que fervor auténtico- a recibir el auxilio y la bendición papal, y si pueden, a tomarse la foto con el Obispo de Roma en el cerro del Cubilete, o en la iglesia que habrá de inaugurar en Tlaquepaque, Jalisco, en honor de los "santos mártires cristeros". Estamos a tiempo de evitar ese bochornoso espectáculo.
Espero que Alejandro Poiré, recién nombrado secretario de Gobernación, habiendo sido director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos en el IFE, y subsecretario de Asuntos Religiosos en la secretaría que ahora encabeza, habrá de blindar el proceso electoral de interferencias religiosas y hará valer la Constitución, la misma que acaba de protestar guardar y hacer guardar; sin desdoro para nadie, pero con la firmeza que cabe exigir al titular de la Política Interior de México.
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