Norma 29 Populismo de Ebrard

Norma a juicio
Por Sergio Sarmiento

"Sin un conocimiento de cómo funciona la economía las buenas intenciones pueden llevar a consecuencias desastrosas".

Thomas Sowell


Ayer comenzó la discusión en el pleno de la Suprema Corte de Justicia sobre la Norma 29 del Distrito Federal publicada el 20 de mayo de 2011. El dictamen, a cargo del ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, propone rechazar la norma, pero no por la razón de fondo argumentada por la Procuraduría General de la República, de que inhibe la competencia económica, sino por la formalidad de que no se involucró a los gobiernos delegacionales en la emisión del decreto.

La disposición del gobierno de Marcelo Ebrard está abiertamente dirigida a proteger a un grupo de agentes económicos, los locatarios de los mercados públicos, quienes tienen un gran poder político y capacidad de llevar a votantes a las urnas, a costa de los consumidores. La medida está diseñada para afectar más a los más pobres debido a que busca limitar los supermercados y tiendas de convivencia precisamente en las zonas de mayor marginación de la ciudad de México.

Las zonas de clase media y alta de la capital cuentan ya con un amplio abanico de supermercados que compiten entre sí. La norma 29 les permitiría a sus habitantes seguir gozando de esta comodidad o de acudir a los mercados públicos, que son también abundantes en esos lugares. Los pobres, sin embargo, no tendrían la libertad de escoger entre estas opciones.

Hay dos formas de combatir la pobreza. Una es elevar los ingresos de los pobres. La otra es bajar los precios de los productos que éstos consumen. La Norma 29 cierra esta última puerta para los pobres del Distrito Federal al restringir la competencia en las zonas en las que viven.

Luis Rubio y Luis de la Calle han señalado en el libro Clasemediero que México se ha convertido en un país de clase media a pesar del estancamiento económico de las últimas décadas debido precisamente al llamado "efecto Wal Mart". La reducción de precios y multiplicación de productos generada por la penetración de los supermercados ha ayudado a dar un mejor nivel de vida, y aspiraciones de progreso, a millones con ingresos bajos.

El gobierno federal ha utilizado la cada vez más amplia red de supermercados en el país para moderar alzas de precios en momentos difíciles. Lo hizo en 2008, cuando se registraron alzas importantes en el precio de la tortilla, o en este 2012, cuando el problema fue el alza en el precio del huevo. Al prohibir el establecimiento de supermercados en las zonas más marginadas de la ciudad de México, se impide que los pobres se favorezcan del efecto moderador de estos establecimientos. De hecho, por la gran competencia que tienen entre ellos y por sus muy pequeños márgenes de rentabilidad, los supermercados han sido estabilizadores cruciales de los precios en México en los últimos años y no sólo en momentos de alzas coyunturales.

La Norma 29 es una de esas típicas disposiciones populistas que buscan quedar bien con ciertos grupos de poder pero que lastiman a las mayorías. Son medidas que se promueven con el argumento de que favorecen a los pobres pero que los lastiman fundamentalmente a ellos.

La Corte no puede, por supuesto, juzgar los efectos económicos de una mala política pública. Su función es hacer que se cumpla la ley. Pero sí puede aplicar el artículo 28 de la Constitución que prohíbe los monopolios.

Por lo pronto ya ayer decidió que la norma es una ley y no un acto administrativo y por lo tanto puede ser evaluada por los ministros. Ahora la Corte debería rechazar la Norma 29 porque es una medida que limita la competencia y viola el artículo 28 de la Constitución. Poco importa que no se haya cumplido la formalidad de recabar las autorizaciones de los jefes delegacionales.