Por Jaime Sánchez Susarrey
Mientras de este lado de la frontera se desmantela un plantío de 120 hectáreas en Baja California, del otro lado se calcula que la industria legal de cannabis produce 2 mil millones de dólares al año
El 6 de noviembre se juega en Estados Unidos algo más que la Presidencia de la República. En los estados de Oregón, Washington y Colorado se votará un referéndum para legalizar el consumo de la marihuana con fines recreativos.
Según algunas encuestas, es probable que en Washington y Colorado la mayoría vote a favor. En el caso de Colorado la marihuana ya está legalizada con fines medicinales y existe una fuerte red de productores y distribuidores de Cannabis.
En Denver, capital del estado, existen 204 dispensarios que superan en número a los establecimientos de Starbucks y McDonald's sumados. De ahí que el Medical Marijuana Industry Group tenga una fuerza considerable y se encuentre detrás de la campaña para la completa legalización.
Esta es la segunda ocasión, después de la iniciativa votada en California en 2010, en que los ciudadanos deberán pronunciarse por la legalización de la marihuana con fines recreativos.
Sobra señalar que la aprobación del referéndum constituiría un golpe radical contra la estrategia prohibicionista que defiende el gobierno federal.
Por eso un grupo de ex zares de la lucha antidrogas le están solicitando al presidente Obama y al procurador general, Eric Holder, que rompan su silencio y se manifiesten contra la legalización, como hicieron en 2010 con la P19 en California.
Según John Lawn, jefe de la DEA de 1985 a 1990, "estaríamos mostrando una falta de apoyo por el sacrificio en México, si no tomamos la posición que estamos tomando ahora".
Pero la realidad es que, incluso si la iniciativa es derrotada en Colorado y Washington, lo que ocurre en Estados Unidos es totalmente contradictorio. Se trata, para decirlo de algún modo, de un comportamiento desdoblado.
Porque mientras de este lado de la frontera se desmantela y quema un plantío de 120 hectáreas en Baja California, del otro lado se calcula que la industria legal de cannabis produce 2 mil millones de dólares al año. Y se estima que para 2016 podría alcanzar los 9 mil millones de dólares.
Pero, obviamente, la verdadera gravedad del asunto está en el costo en vidas humanas en lo que va del sexenio, que suma ya más de 50 mil víctimas.
Ese costo no es considerado por los estadounidenses por una simple y llana razón: ocurre del otro lado de la frontera sin que haya consecuencias políticas ni sociales en Estados Unidos.
Porque la experiencia histórica no miente. El fin de la prohibición del alcohol en los años treinta fue efecto de la espiral de violencia que generó y de la corrupción que llevó a ciudades, como Chicago, a convertirse en poderes fallidos.
A principios de los años setenta, se negoció la paz con los comunistas en Vietnam. Lo hizo un presidente republicano, después de haber emprendido una ofensiva sin precedente, porque los 56 mil soldados muertos en batalla se convirtieron en un costo social y político impagable.
El problema para México, Centroamérica y Colombia es que nuestros muertos no votan del otro lado de la frontera. Por eso nos miran con absoluta frialdad y lo mismo nos recetan un operativo encubierto, como Rápido y Furioso, que nos dan una palmadita y dicen que vamos por el buen camino.
La semana pasada, el subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos de Estados Unidos, William Brownfield, hizo la siguiente afirmación: "Hace cuatro años comenzamos un esfuerzo multinacional en México... ¿Y qué vemos hoy? En mi opinión, estamos viendo el comienzo del fin de la decapitación de los cárteles y la reducción de su capacidad de operación".
En otras palabras, el funcionario considera que México ya está en una situación similar a la de Colombia, a principios de los años noventa, cuando la ofensiva contra los cárteles marcó un punto de inflexión que condujo a la victoria del Estado.
El optimismo del funcionario no tiene sustento alguno. Pero sería ingenuo suponer que semejante declaración es consecuencia de falta de información o de un hecho más simple: ver las cosas desde la apacible ciudad de Washington.
La declaración tiene, a todas luces, un objetivo político. Se trata de defender la estrategia que ha costado más de 50 mil víctimas y que no ha logrado desmantelar, ya no digo a todos los cárteles, sino al más peligroso de ellos, el de los Zetas.
A lo largo de estos seis años, la ofensiva del gobierno de Calderón ha dejado un conjunto de enseñanzas y ha tenido una serie de consecuencias que no se pueden soslayar.
La primera es que la detención o muerte de los capos no detiene la violencia, sino la exacerba. El caso ejemplar es el estado de Jalisco, donde la muerte de Nacho Coronel desató una batalla por la plaza que aún no termina.
La segunda es que a lo largo de estos años se registró un ascenso del cártel más violento y peligroso: los Zetas. La muerte de Heriberto Lazcano, lejos de anunciar el fin de ese cártel, marca la consolidación del liderazgo de los hermanos Treviño.
Pero regreso al principio. El objetivo de Brownfield, como el de los ex zares de la droga que exigen la condenación de la legalización en Colorado y Washington, es apuntalar la estrategia prohibicionista sin evaluar costos ni consecuencias.
Su urgencia deriva, además, de la preocupación por las voces que, dentro y fuera de Estados Unidos, llaman a revisar la estrategia y hacer una evaluación del desastre que ha sido la guerra contra las drogas a lo largo de estos 41 años.
Entre esos liderazgos están George P. Shultz, Paul Volcker, Cardoso, Gaviria, Zedillo, Fox y los presidentes en funciones Santos, Pérez Molina, Calderón y Mújica.
Así que ojalá los ciudadanos de Colorado y Washington den, el martes próximo, un tirón en la dirección correcta.
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