Inicio de la vida

COLUMNA INVITADA
SERGIO SARMIENTO EN PERIÓDICO REFORMA

¿Cuándo empieza la vida? No lo sé. Los argumentos de un lado u otro no convencen sino a los ya conversos. La discusión entra en un campo de emotividad y convicción religiosa en que la razón no resuelve nada.

Las reformas constitucionales que se han hecho en estados como Baja California y San Luis Potosí, y que ahora están siendo discutidas en el pleno de la Suprema Corte de Justicia, no tienen, sin embargo, más propósito que castigar a las mujeres orilladas a practicarse un aborto. Esto me parece inquietante. No creo que la sociedad deba castigar a una mujer a la que las circunstancias empujan a abortar.

Reconozco una inquietud moral sobre el aborto. No creo que esta práctica deba convertirse en una forma más de control de la natalidad. De hecho, las mujeres nunca, o casi nunca, recurren al aborto a la ligera. Cuando una toma esta decisión lo hace porque no tiene más opción. Castigarla penalmente por ello es perverso.

La Constitución federal no nos dice cuándo da inicio la vida. Y es correcto que no lo haga. La ciencia no ofrece respuestas claras a esta pregunta. Hay buenos argumentos científicos que sugieren que la vida empieza en el momento de la concepción, pero también los hay en contra. El cigoto tiene ya el contenido completo de ADN del nuevo ser, pero mientras no se forme un sistema nervioso es difícil hablar de un ser humano. No sorprende que santo Tomás de Aquino, uno de los padres de la Iglesia Católica, hablara en el Medievo de que Dios infunde el alma en el feto pero sólo después de tres meses de gestación.

Desde un punto de vista jurídico parece problemático que un congreso local pueda decidir cuándo comienza la vida. Esto "propiciaría -como señaló ayer el ministro de la Corte Luis María Aguilar- un sistema federal desarticulado y caótico, en donde cada entidad federativa estableciera el alcance y el concepto de un derecho fundamental".

Los estados pueden tener distintas leyes de salud... y, de hecho, las tienen. En los estados del país, por ejemplo, está prohibido el aborto, pero no en el Distrito Federal, cuya legislación en la materia fue avalada por la Suprema Corte de Justicia. Estas leyes diferentes no significan que haya distintas definiciones sobre garantías fundamentales o sobre el inicio de la vida. Simplemente quiere decir que en los estados se castiga el aborto pero no en la Ciudad de México, o por lo menos no en los tres primeros meses de embarazo. Tener distintas definiciones estatales sobre cuándo empieza la vida en un mismo país, en cambio, parece un absurdo.

Coincido con la Iglesia Católica -y con los grupos que han promovido la nueva definición del inicio de la vida en las constituciones estatales- en que es necesario disminuir los abortos en nuestro país. Esto no se logra, sin embargo, metiendo en la cárcel a mujeres que han tenido que abortar empujadas por las circunstancias. Si realmente estas buenas conciencias quisieran reducir el número de abortos, necesitarían difundir programas educativos y distribuir preservativos y anticonceptivos entre los jóvenes. En ningún caso, sin embargo, debería una mujer ser sancionada, y mucho menos encarcelada, por haberse visto obligada a recurrir a un aborto.

La decisión, al final, no debe ser de la Suprema Corte sino, en todo caso, de las legislaturas locales y nacionales. Las actuales leyes estatales deben modificarse para que termine esta persecución de mujeres en circunstancias terribles, pero el gobierno federal debe además adoptar una política de salud pública que lleve a una disminución en el número de abortos por la mejor de las razones posibles: una reducción en el número de embarazos no deseados.