¿Debate inútil?.

Según la más reciente encuesta realizada por Consulta Mitofsky, siete de cada diez ciudadanos en este País está a favor de la pena de muerte para secuestradores asesinos. Este dato es elocuente respecto de la irritación y hartazgo de la sociedad ante los índices desbordados de criminalidad pero ¿qué tan viable es que México instrumente esta pena?. El gobernador de Coahuila Humberto Moreira instruyó a los legisladores de su partido el PRI que dominan el Congreso local para generar una iniciativa que difícilmente pasará en el Congreso de la Unión pero que le permite capitalizar el tema a favor de una posible candidatura presidencial. El Partido Verde que en 2005 votó a favor de la abolición de la pena capital ahora la promueve, pero México ha firmado acuerdos internacionales que le impedirían dar marcha atrás en la abolición de esa pena. Lo que queda claro es que más allá de la pena debe ser la eficiencia y probidad de la impartición de justicia el problema a resolver.

Polémica.

Más como una estrategia política por su inviabilidad, el gobernador de Coahuila Humberto Moreira ha promovido desde el congreso local la inicativa de castigar con pena de muerte los casos de secuestro con homicidio. Hay diversas ópticas para abordar este asunto necesariamente polémico. Algunos consideran que su aplicación no disuade la comisión de delitos de sangre. Otros consideran que no es el objetivo disuadir sino castigar con una pena proporcional al crímen (Ley del Talión). En el caso de nuestro país sin embargo no es la pena sino la ineficiente y corrupta administración de la justicia el problema. No importa si es pena de muerte, cadena perpetua o lo que sea, lo primero es abatir los altísimos índices de impunidad en México.