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miércoles, 26 de septiembre de 2012

REFORMA LABORAL


COLUMNA DEL PERIODISTA SERGIO SARMIENTO PUBLICADA POR EL PERIÓDICO "REFORMA"


¿Empobrece a los trabajadores el pago por hora?

No. La iniciativa laboral del presidente Calderón simplemente permite el trabajo de tiempo parcial. Trabajar menos horas implica una remuneración proporcionalmente menor. ¿Por qué habría de querer alguien trabajar menos de un tiempo completo? Muchos, particularmente estudiantes y madres, quieren esos empleos.

¿Elimina la iniciativa las prestaciones a través de los contratos de prueba, capacitación o temporada?

No, todos los contratos obligan al pago de seguridad social y prestaciones.

¿Desecha la iniciativa la antigüedad como criterio de ascenso laboral?

La propuesta elimina el requisito de que la antigüedad sea el único criterio de ascenso en un contrato laboral. Las empresas con contratos colectivos están hoy obligadas a dar ascensos a los trabajadores con más antigüedad. La nueva ley daría la posibilidad de escoger a los mejores o a los más productivos.

¿Limita la ley el derecho de huelga?

El derecho a la huelga no, pero sí la posibilidad de prolongarla de manera indefinida. La ley considera la huelga como un instrumento de negociación y no un arma para extorsionar o destruir a una empresa. Después de 60 días en empresas de servicios públicos y 120 en las demás, la disputa sería sometida a un arbitraje obligatorio.

¿Legaliza la iniciativa la subcontratación de trabajadores?

No. La subcontratación ya es legal en México. Recurren a ella no sólo las grandes empresas sino también entidades de izquierda como el gobierno del Distrito Federal y la Asamblea Legislativa. La iniciativa regula la subcontratación y garantiza que la empresa contratante sea responsable solidaria de los compromisos asumidos por la subcontratante. La iniciativa da mayor protección a los trabajadores.

¿Limita la iniciativa los salarios caídos?

Cuando hay un conflicto laboral, la ley limita a un año los salarios caídos. La actual situación promueve la prolongación indefinida de los litigios laborales y genera pasivos que con frecuencia destruyen a las empresas pequeñas.

¿Promueve la ley la democracia sindical?

Da un paso adelante al obligar a los sindicatos a tener elecciones internas por sufragio libre y secreto.

¿Impulsa la rendición de cuentas?

Hace obligatorio que los sindicatos rindan cuentas a los trabajadores, cuando menos de las cuotas que se les descuentan. También obliga a los sindicatos con más de 150 trabajadores a tener una contabilidad auditada. No obliga, sin embargo, ni a la transparencia en el manejo de otros recursos ni a que su contabilidad sea pública, ni siquiera para los sindicatos de entidades públicas.

¿Llevará la nueva ley a un auge en la creación de empleos formales?

Es poco probable. La legislación mexicana sigue castigando la inversión y la formalidad, por ejemplo, a través de los altos costos de la seguridad social. La iniciativa laboral, sin embargo, es un paso adelante.

¿Qué es la cláusula de exclusión?

La que obliga a una empresa a despedir a un trabajador sin indemnización porque éste es desplazado del sindicato. La iniciativa haría ilegales estas cláusulas de exclusión de los contratos laborales.

¿Cuáles son los principales problemas u omisiones de la iniciativa?

La propuesta no elimina el apartado B del artículo 123 por lo que sigue habiendo mexicanos de primera y de segunda. No da libertad a los trabajadores para abstenerse de ingresar a un sindicato. No prohíbe la discriminación laboral como la que vemos en anuncios de empleo en que se descarta a solicitantes mayores de 40 años.

 
· AUTONOMÍA
 
Dice Manlio Fabio Beltrones que al purgar la reforma laboral de disposiciones sobre la democracia interna y la rendición de cuentas de los sindicatos se está preservando la autonomía sindical. Más bien se garantiza que los líderes puedan seguir eternizándose en el poder y apropiándose del dinero de los trabajadores.

 
Twitter: @sergiosarmient4

martes, 18 de septiembre de 2012

Norma 29 Populismo de Ebrard




Norma a juicio
Por Sergio Sarmiento

"Sin un conocimiento de cómo funciona la economía las buenas intenciones pueden llevar a consecuencias desastrosas".

Thomas Sowell


Ayer comenzó la discusión en el pleno de la Suprema Corte de Justicia sobre la Norma 29 del Distrito Federal publicada el 20 de mayo de 2011. El dictamen, a cargo del ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, propone rechazar la norma, pero no por la razón de fondo argumentada por la Procuraduría General de la República, de que inhibe la competencia económica, sino por la formalidad de que no se involucró a los gobiernos delegacionales en la emisión del decreto.

La disposición del gobierno de Marcelo Ebrard está abiertamente dirigida a proteger a un grupo de agentes económicos, los locatarios de los mercados públicos, quienes tienen un gran poder político y capacidad de llevar a votantes a las urnas, a costa de los consumidores. La medida está diseñada para afectar más a los más pobres debido a que busca limitar los supermercados y tiendas de convivencia precisamente en las zonas de mayor marginación de la ciudad de México.

Las zonas de clase media y alta de la capital cuentan ya con un amplio abanico de supermercados que compiten entre sí. La norma 29 les permitiría a sus habitantes seguir gozando de esta comodidad o de acudir a los mercados públicos, que son también abundantes en esos lugares. Los pobres, sin embargo, no tendrían la libertad de escoger entre estas opciones.

Hay dos formas de combatir la pobreza. Una es elevar los ingresos de los pobres. La otra es bajar los precios de los productos que éstos consumen. La Norma 29 cierra esta última puerta para los pobres del Distrito Federal al restringir la competencia en las zonas en las que viven.

Luis Rubio y Luis de la Calle han señalado en el libro Clasemediero que México se ha convertido en un país de clase media a pesar del estancamiento económico de las últimas décadas debido precisamente al llamado "efecto Wal Mart". La reducción de precios y multiplicación de productos generada por la penetración de los supermercados ha ayudado a dar un mejor nivel de vida, y aspiraciones de progreso, a millones con ingresos bajos.

El gobierno federal ha utilizado la cada vez más amplia red de supermercados en el país para moderar alzas de precios en momentos difíciles. Lo hizo en 2008, cuando se registraron alzas importantes en el precio de la tortilla, o en este 2012, cuando el problema fue el alza en el precio del huevo. Al prohibir el establecimiento de supermercados en las zonas más marginadas de la ciudad de México, se impide que los pobres se favorezcan del efecto moderador de estos establecimientos. De hecho, por la gran competencia que tienen entre ellos y por sus muy pequeños márgenes de rentabilidad, los supermercados han sido estabilizadores cruciales de los precios en México en los últimos años y no sólo en momentos de alzas coyunturales.

La Norma 29 es una de esas típicas disposiciones populistas que buscan quedar bien con ciertos grupos de poder pero que lastiman a las mayorías. Son medidas que se promueven con el argumento de que favorecen a los pobres pero que los lastiman fundamentalmente a ellos.

La Corte no puede, por supuesto, juzgar los efectos económicos de una mala política pública. Su función es hacer que se cumpla la ley. Pero sí puede aplicar el artículo 28 de la Constitución que prohíbe los monopolios.

Por lo pronto ya ayer decidió que la norma es una ley y no un acto administrativo y por lo tanto puede ser evaluada por los ministros. Ahora la Corte debería rechazar la Norma 29 porque es una medida que limita la competencia y viola el artículo 28 de la Constitución. Poco importa que no se haya cumplido la formalidad de recabar las autorizaciones de los jefes delegacionales.



 

martes, 11 de septiembre de 2012

Por una nueva izquierda


Por Federico Reyes Heroles

A la memoria de Ernesto de la Peña, por la bonhomía de su erudición.



Si no fuera un asunto serio podría uno reírse. Un legislador del PRD, Martí Batres, lanzó una iniciativa de ley que criminaliza las encuestas. Leyó usted bien. Aquel que difunda encuestas de intención de voto antes de las elecciones debería ir a la cárcel. Esos son los demócratas de nuestra izquierda. Convencido, como su líder AMLO, de que el 70% de los electores somos estúpidos, masoquistas o manipulables, el legislador cree que los mexicanos no somos aptos para recibir información de lo que piensan los otros mexicanos. En la mejor tradición estalinista propone censurar, para que la información sea restringida y administrada por el soviet supremo. Igual que en Cuba o Corea del Norte. Vuelta atrás en la historia de por lo menos 50 años.

Comprender que las encuestas y la democracia van de la mano está fuera de su alcance. Dónde están las de Cuba, por poner un ejemplo. El hecho de que las sociedades que viven en libertad estén fincadas en el libre flujo de información sin limitaciones estatales resulta anatema para el legislador. Por lo visto está fuera de sus horizontes intelectuales y culturales imaginarse cómo operan las sociedades en libertad. Valdría la pena que el Legislativo le pague a este legislador los trámites de su pasaporte y lo envíe a darse una vuelta por el mundo. Quizá así se percataría de que piensa como en el paleolítico primero.

Lo grave del asunto es que este dinosaurio retrata de cuerpo entero el porqué profundo de la crisis de la izquierda en México. En un país con una enorme injusticia social, en un país donde las leyes fiscales no modifican la desigualdad, en un país donde las diferencias siguen siendo abismales, en un país necesitado de propuestas justicieras modernas y no ideológicas y con olor a naftalina, la izquierda se sigue dando contra la pared. Lo primero sería leer la realidad. Setenta por ciento de los electores votó por otras opciones. En pocas palabras votó contra las alianzas de la izquierda. El 70% prefirió al desgastado PAN o al PRI de mala fama histórica que a la izquierda. Los masoquistas, para recordar la expresión de AMLO, fuimos muchos. ¿Por qué?

La respuesta es triste. Desde la ruptura en el PRI de Cuauhtémoc Cárdenas hace un cuarto de siglo, la izquierda ha sido incapaz de construir una alternativa discursiva sólida y moderna. Dos grandes líderes y caciques le dieron vida, votos y dinero a la izquierda: Cárdenas y AMLO. Especialista en destruir instituciones y no en crearlas, esa izquierda apostó al mismo juego: apostar al gran líder que los lleve a Los Pinos. A diferencia del PAN que apostó primero a la periferia y desde allí llegó al centro, la izquierda decidió caminar a la inversa. Con toda la tela de injusticia social que está frente a los ojos de cualquier mexicano, hoy la izquierda no convence más que al 30% del electorado. Pero hay más.

El dinosaurio priista logró reinventarse y venderse muy bien: pasó de ser, hace una década, el partido con la peor reputación a ser hoy el que ostenta la mejor. Cuando algunos se preguntan cómo es posible el retorno del PRI, parte de la explicación radica en el desastre de la izquierda. Su caciquismo institucionalizado compite codo a codo con el viejo priismo. Por si fuera poco los jóvenes no votaron por la izquierda. Será acaso que son menos inquietos que hace medio siglo, o quizá la contrahecha oferta de la izquierda entre lo institucional y lo subversivo -contrario a las instituciones- no los convenció.

La ambigüedad de los líderes perredistas trae factura. Por fin, ¿fueron elecciones limpias o no lo fueron? Lo que no se vale es cobrar del presupuesto durante años y salir a escupirle al proceso electoral por la evidente razón de haber perdido. Claro ahora su democracia exige desaparecer a las encuestas. Si hubo ilegalidades, por qué no las denunciaron a tiempo. ¿No han comprendido que esa sociedad injusta opera en una economía abierta que espera modernidad en la vida política? Las generaciones post-TLC son hoy mayoría. La sociedad abierta en lo económico y lo político por fortuna se ha instalado en la mente de millones de mexicanos. México es hoy otro y la izquierda ignorante y autoritaria no lo ha entendido.

Aplaudo que la ruptura entre AMLO y el PRD esté en puerta. Muchos mexicanos apoyarían -apoyaríamos dijo el otro- a una nueva izquierda moderna, abierta, más informada o menos ignorante, que no se ufane de no tener pasaporte y no conocer Nueva York, que sea capaz de entender el Índice de Gini que mide la desigualdad y de aceptar cuáles son las medidas que se tienen que adoptar para disminuir la pobreza y generar una sociedad más justa.

Ni el perseguidor de las encuestas ni AMLO caben en ese nuevo mundo al que pertenece México por propio derecho. Sus locuras e imaginerías le han causado un enorme daño a la izquierda y al país. Bienvenida la ruptura, ojalá dé nueva vida a los verdaderos progresistas.