En octubre de 1968 en la cúspide del presidencialismo más autoritario, un hombre feo por fuera y por dentro maquinó un maquiavélico plan para acabar a sangre y fuego con una manifestación estudiantil en la Plaza de las Tres culturas en Tlatelolco. Presionado por la inminente celebración de los juegos olímpicos que pondrían a nuestro país en la atención mundial, presionado por los servicios de inteligencia de Estados Unidos que temían que el comunismo que se propagaba en Latinoamérica se instaurara en México y convencido de que la multitud estaba determinada ese día a tomar la torre de la secretaría de Relaciones Exteriores dio instrucciones al Jefe del Estado Mayor Presidencial Gral. José Luis Gutiérrez Oropeza, y sin informar a su Secretario de la Defensa Gral. Marcelino García Barragán, de que apostara un comando armado en las azoteas de algunos edificios del conjunto habitacional (Batallón Olimpia) mismo que inició el fuego contra la tropa ahí presente y contra los manifestantes. Al día de hoy se desconoce el número exacto de víctimas entre muertos y desaparecidos pero el suceso marcó un parte aguas en la historia nacional dando lugar a un fenómeno pendular, el síndrome o fantasma de Díaz Ordaz merced al cual la autoridad ha pasado de la prudencia a la franca lenidad ante actos vandálicos y toda clase de disturbios en un afán absurdo de no mostrarse ante la sociedad como "represora". Desde el pasado viernes 19 un grupo de encapuchados tomó violentamente la Torre de Rectoría de la UNAM planteando una serie de exigencias inatendibles y absurdas como la reinstalación de cinco ex alumnos del CCH que fueron justamente expulsados por haber incurrido en actos violentos en perjuicio del Colegio y la comunidad académica. El Rector José Narro anunció que ya se había hecho la denuncia correspondiente ante la PGR y que no se negociaría con los delincuentes (la toma de Rectoría es un delito federal) hasta que entregaran las instalaciones. Se esgrime la autonomía universitaria cual si fuera carta de extraterritorialidad para evitar el ingreso de fuerza pública a la Casa de estudios. A los delincuentes no se les reprime, se les aplica la ley. Si la autoridad es laxa y omisa como hasta ahora lo ha sido estará alentando este tipo de conductas delictivas en perjuicio de la Institución y la comunidad universitaria. Es imperativo que de una vez por todas quienes tienen la obligación de hacer valer el estado de derecho conjuren el fantasma y no se sigan dejando espantar con el petate del muerto.
ALFONSO ROMERO
@trincheraciudad
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